Vivimos en un país donde las campañas políticas nunca terminan. En cuanto se anuncia el resultado oficial, y el candidato ganador recibe su constancia de mayoría; en cuanto las protestas postelectorales terminan, los recursos de impugnación corren su curso y el tribunal genera su dictamen, un silencioso interruptor se activa, y todo empieza de nuevo.

Este fenómeno es mucho más palpable a nivel federal, donde el tiempo que toma el partido político derrotado en superar el shock de la derrota es casi infinitesimal; al día siguiente ya están las piezas puestas, y los entramados estratégicos empiezan a desenvolverse rumbo al siguiente plazo sexenal.

Se pretende que creamos que vivimos en un régimen democrático, donde el “pueblo” elige la opción de su preferencia, y esta, una vez en el poder, gobierna para todos, mientras los demás aceptan su derrota y se reúnen a replantear sus ofertas políticas, ajustar las estrategias fallidas, y caballerosamente, hacer una suerte de gobierno a la sombra, que siga defendiendo posturas e intereses de partido en instancias correspondientes.

Lo cierto es que no funciona así. Sea porque nunca fuimos capaces de superar esa interminable “transición” de la que todavía se habla con cierto pragmatismo en el llamado círculo rojo. O porque, como elaboran otros, presas de un pesimismo seudocientífico: no tenemos la democracia en nuestro código genético.

La batalla no termina nunca, y así, el que ostenta el poder simula gobernar para todos, mientras considera sus posturas particulares parte del “mandato” que recibió con su constancia de mayoría. La oposición dedica todo su ímpetu a obstaculizar cualquier posible situación o reforma que pudiera considerarse un triunfo del gobierno, amen de propiciar un voto de castigo que les devuelva la estafeta en el siguiente giro de la ruleta electoral.

¿Los intereses del país? ¿Los grandes problemas nacionales? Se vuelven tópicos de discusión. Alternativas de opción múltiple en las encuestas políticas que quieren valorar si la población está más preocupada ahora por el crimen que por la economía, por la pobreza que por la educación, por vivir en un país peor que sus abuelos o mejor que el que tendrán sus nietos.

Se suele discutir si la agenda de las campañas deberá circular alrededor de esos grandes problemas. Si los equipos de campaña de Peña Nieto, AMLO, o Vázquez Mota (aquí me adelanto a la elección interna más sosa de la historia) se sientan a debatir si su candidato será el del empleo, la seguridad, la reforma educativa, el de primero los pobres, o algún otro lema que suene bonito en los miles de spots que se regalaron en la legislación electoral del 2007.

Todos sabemos que algunas regiones del país tienen graves problemas de seguridad. Que se libra una suerte de guerra contra el crimen organizado, y contra el desorganizado, que a veces parece sin cuartel, y otras sin esperanza. Que la educación del país está secuestrada por un sindicato. Que la economía flota en el mar incierto donde las olas de Wall Street y Bruselas son capaces de crear un tsunami que nos dé un remojón a todos.

¿Qué van a decir los candidatos? Podemos anticiparnos a sus discursos, que se leen como plantillas refritas de años anteriores: Apostarán por mayor seguridad, por el estado de derecho, por mayor crecimiento, por una reforma fiscal integral, por una renovación educativa, por generar miles de empleos, aumentar la salud, generar infraestructura, blah, blah, blah.

¿Le vamos a creer cualquier discurso reformista a un partido que dedicó los últimos años a obstaculizar cualquier reforma que pudiera modificar algo sustantivo y darle un voto de confianza, o de percepción de efectividad, a la administración panista?

¿Tiene credibilidad un partido que ha dedicado su discurso y acción legislativa (por llamarle de algún modo) a confrontar, atacar, insultar, descalificar, mandar al diablo las instituciones? Incapaz de elegir su propia dirigencia sin pasar por los encabezados de la política sucia, pero capaz de contrabandear un narcodiputado al congreso, sólo porque podía. Un partido conformado por “tribus”, algunas de las cuales, todavía consideran que sus causas y verdades van por encima de las leyes y las instituciones públicas.

¿Qué credibilidad tiene otro partido que ha sido incapaz de gobernar con políticas públicas consistentes? Incapaz de elaborar estrategias de comunicación social, que todavía considera a la cultura y las artes como una suerte de “condimento” para la agenda educativa. Que postula a quien sea con tal de ganar. Que tuvo seis años a un presidente dicharachero y simpaticón que eludió cualquier responsabilidad pública seria que no fuera lucir botas de charol en foros europeos. Un partido que reacciona lentísimo frente a las coyunturas nacionales, que arrastra dogmas anquilosados como si fueran valores implícitos, sin reflexionar o saber de dónde salieron.

Es casi inevitable terminar cualquier análisis de méritos partidistas, lo que dicen, lo que proponen y lo que terminan haciendo, con este impasse, donde miramos la boleta con disgusto y cierta atracción por la casilla en blanco.

Ahí radica la mayor paradoja, porque es precisamente en ese desmayo, en ese desinterés y descrédito que nos merece la clase política y sus “valores” donde ha florecido el tipo de política que se hace en México.

Quizá es el momento de que como sociedad empecemos a caer en cuenta que el gran problema nacional, no es el narco, ni el SNTE, ni los intereses corporativistas priístas, ni la falta de transparencia, los golpes entre diputados, o la fragilidad económica. El gran problema nacional es un problema moral de una clase política acostumbrada a hacer y decir lo que le da la gana a sabiendas de que no tenemos de otra más que darles un gastado voto de confianza y volver a repartir las fichas presupuestales.

¿Hasta dónde puede llegar una sociedad entrampada en ese círculo vicioso?

twitter @rgarciamainou

Para El Economista, Arte, ideas y gente, miércoles 30 de noviembre del 2011