Siempre resulta interesante cómo es percibido México en el extranjero. No me refiero a los reportes de agencias noticiosas en el New York Times, sino a esa imagen que surge de la mente del editorialista, el guionista o la ocasional declaración de alguna celebridad construida entre sus prejuicios, las últimas vacaciones en Cabo y un artículo leído por encima en People.

Reflexión aparte merecen los propios mexicanos en el extranjero, cuyas opiniones suelen versar entre el progre izquierdista y el desinformado prejuicioso; seguidas del alivio que provoca saber que después de opinar podrán tomarse un café en las Ramblas o dar una vuelta por Central Park.

La semana pasada se televisó el noveno episodio del más reciente brote de la longeva franquicia creada por Dick Wolf: La ley y el orden: Los Angeles. Edición refrescada por la presencia de actores de altísimo nivel (Alfred Molina, Peter Coyote, Terrence Howard).

Creada cuando la atención del televidente estadounidense no daba para interesarse por una hora completa, Wolf concibió un policíaco complementario: los primeros treinta minutos dedicados a la labor policial de investigación y los segundos a la parte judicial del mismo caso. Los guiones inspirados en casos reales salidos de encabezados periodísticos.

El capítulo transmitido la semana pasada (Universal Channel), inicia con la pareja de detectives (Skeet Ulrich y Corey Stoll) investigando una masacre en una fiesta de quince años, en un barrio latino de la ciudad. “Fueron dos camionetas”, dice uno de los testigos, “con cuernos de chivo” podría haber continuado. El escenario es desolador, madres llorosas, cuerpos de apilan en el patio de la casa.

Dos minutos después vemos la misma escena a través de una pantalla de televisión: es la cobertura de un noticiero local. La única diferencia es que los cadáveres están “difuminados”, la escena, demasiado grotesca para el noticiero vespertino. El sentido común o código de la cadena no necesitó un pacto mediático.

Pronto el argumento es evidente. La guerra contra el crimen organizado que se vive en México, ha extendido un pequeño brazo a California. Un terreno abandonado usado para plantar mariguana nos lleva a la explotación de un niño secuestrado en Sonora, y a un matón dispuesto a balear la casa de uno de los protagonistas, asesinándolo.

Identificado por el niño testigo, el sicario se refugia en el consulado mexicano, donde un cónsul corrupto niega el acceso a la policía, y sólo cuando es chantajeado accede a “bajar” al sicario a la calle para que sea capturado. Medio capítulo se habla en español.

Entonces entra la parte judicial del caso. Ante el detective asesinado, las víctimas de la masacre y la indignación colectiva, queda un caso sin pruebas que debe ser juzgado con las leyes estadounidenses, incluida la presunción de inocencia.

El segundo segmento, detalla los intereses políticos, la presión del gobierno para no condenar a los funcionarios, “su país está en guerra y requiere nuestro apoyo”, la imposibilidad para encontrar pruebas ante un abogado vivales y un inculpado dispuesto a borrar de la faz de la tierra cualquier testigo. El juicio es una pantomima, el sicario es liberado por falta de pruebas.

Lo más interesante de esta versión televisiva es que de alguna manera sirve como ilustración, analogía y contraste de escenarios similares en nuestro país.

Reemplacemos a la pareja de detectives con el ejército, al sicario que cultiva mota, con algún capo de mediano nivel en uno de los cárteles del norte del país. Se le detiene y exhibe en televisión con sus armas y droga. Después desaparece de los medios y entra, ya sea a un arraigo en lo que se encuentran pruebas, a alguna prisión de alta seguridad, o a la extradición express. Poco sabremos más: si acaso alguna nota que nos dice que finalmente lo encarcelaron por sus pasaportes falsos…

Adaptando de la leyenda que suele preceder a La Ley y el Orden [In the criminal justice system: the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders, these are their stories], quedaría así: En nuestro sistema judicial el pueblo está representado por tres instituciones muy importantes: la policía federal y el ejército que persiguen, cazan y atrapan a los presuntos responsables y el ministerio público que arma el expediente para que los juzguen. Estas son sus historias.

Dejando el humor a un lado, otra situación que ilustra la serie, sin olvidar que es ficción, es la dificultad para seguir un proceso judicial regular ante a la penetración y brutalidad del narco. Si eso pudiera suceder con las instituciones judiciales, consolidadas y sólidas estadounidenses, qué esperanza para las nuestras. Quizá ahí, es donde debiera enfocar parte de su estrategia el Gobierno Federal. Si no, sólo nos quedará la versión mexicanizada: El estado de derecho y el desorden.

twitter @rgarciamainou

Para El Economista – Arte, ideas y gente – miércoles 18 de mayo del 2011

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