El que a hierro mata…
Sería imposible negar que existe cierta belleza poética, o por lo menos una ironía deliciosa, en que la película que llegó para denunciar los malos manejos del poder judicial, se vea ahora envuelta en su propia maraña legal: expediente gordo, declaraciones cruzadas, y calificadas determinaciones de una juez, que si consideramos el tema de la denuncia es también parte. Cuestión de karma, dirían algunos; o como suelen repetir los abogados gringos imaginados por John Grisham: hasta Presunto culpable tendrá su día en la corte.
Censura
Dice el cuento que cuando Pedro, el pastorcito, llegó por segunda vez al pueblo gritando que venía el lobo, la gente se arremolinó, un poquito irritada, a su alrededor, pero todavía dispuesta a defender el rebaño del depredador. Viendo que se la creían de nuevo, Pedrito celebró la broma a carcajadas.
La primera reacción cuando se habló del retiro de Presunto Culpable de la exhibición comercial, sin importar que la medida se hubiera etiquetado provisional, fue gritar ¡Censura!
No importa si la emoción no está sustentada con un razonamiento profundo. No importa si la suspensión fue provocada por una denuncia legítima o ilegítima. Lo importante es que se silenció una voz que denunciaba, y que denunciaba algo muy serio. Algo que la mayoría de los mexicanos sabe que está muy mal.
El lunes por la tarde, al investigar si los cines queretanos habían acatado el mandato de RTC, recibí la siguiente respuesta: dice la chica de la taquilla que la “censuraron” a las tres y media.
Estamos tan acostumbrados a gritar ¡Censura! que no nos detenemos a preguntar quién censura, por qué lo haría, y si realmente se trata de un fenómeno que amerite avisar a todo el poblado para que se arremoline, dispuesto a todo, para proteger el rebaño de la bestia feroz (el apellido de la jueza resulta apropiadísimo para la analogía: Lobo).
La ley
Es un reclamo legítimo, argumentan los mesurados. Es publicidad gratis, dicen los cínicos. Es un atropello, declaran los comprometidos. Si la película viola la ley, que la juzguen, rematan los amantes del “estado de derecho”.
Lo cierto es que la jueza Lobo está muy convencida de que está dentro de sus facultades ordenar a la Secretaría de Gobernación que suspenda la exhibición de una película en todo el país. Y que los funcionarios de esta última, en su modalidad RTC, por más gallitos que sonaran en sus declaraciones el jueves pasado; cuando llegó el momento de escuchar “salta”; respondieron “¿qué tan alto?”
Lo más preocupante de todo el caso, no es que un individuo sea capaz, mediante argucias legales de paralizar la exhibición de una película que ya tenía permiso de RTC. De sacar a la gente de las salas, con boleto comprado y palomitas en la boca. De señalar que se prohibe no sólo su exhibición sino su promoción, difusión, y por qué no (de una vez) hasta hablar de ella. Cuidado con que alguien tuitée la imagen del interfecto demandante.
Lo más preocupante, decía, es que todavía se tenga que pedir permiso a RTC para que le dé el visto bueno a tu película antes de poder distribuirla en cines. Que ese trámite atávico, de la peor época de priísmo autoritario, permanezca detrás del horizonte, esperando la vuelta del tricolor a Los Pinos.
Se explica que RTC ya no da tanto el banderazo, que sólo apunta la opinión de sus agudos censores respecto a la clasificación que merece la película: si es C o B o A. En cualquier caso, poco importa si es lo uno o lo otro, al final ese permiso puede ser retirado (siempre no, seño, lo sentimos mucho), en lugar de que que quien esté descontento con lo expuesto sea obligado a proceder por la vía civil contra los autores y distribuidores, sea por las razones que le den la gana.
Razones
Mucho se ha especulado sobre los motivos que llevaron al ahora presunto víctima de la película a presentar una denuncia por uso indebido de su imagen en la pantalla.
Al margen sobre las consideraciones que llevan a definir si los juzgados son área pública o privada, y por lo tanto a determinar si el susodicho es o no dueño de su propia imagen (con las esperables dimensiones filosóficas de cualquier respuesta), se suelen atribuir otras intenciones a la acción legal.
1. Una tajada. El sujeto quiere recibir una tajada de las millonarias sumas que recuentan las secciones de espectáculos.
2. Vergüenza insoportable. Cansado de ser el hazmereír en la escuela, el joven recurre a un despacho de abogados para dejar de ser famoso: o sea el primer villano de la película. Por más inverosímil, esta es la razón que esgrimieron los demandantes del retiro de la película.
3. La conspiración. Lo que esos abogados proAMLO buscan es que la jueza obligue a RTC a retirar la película y entonces se acuse de censura al gobierno federal.
4. Lavandería. La jueza, disgustada por la denuncia que hace la película, decide lavar la ropa sucia en casa y barrer el celuloide bajo el tapete. Antes de afirmar esta opción habría que ver si el gremio de jueces le manda una taza grabada con el mensaje “a la mejor amiga”.
Para amparo, amparo y medio…
Vivimos en tal estado de derecho, que nadie tiene clara cual es la ley. Ni Cinepolis que retira la película a reserva de inconformarse y jura (a la Arnold) que volverá. Ni RTC que pide explicaciones a la juez y luego la obedece a pies juntillas. Ni los cines que obedecen la instrucción, sin tener claro si (a) la juez tiene la facultad de prohibir lo que le dé la gana. (b) Si RTC tiene la factultad de retirar un permiso o una película cuando le dé la gana. (c) Si hay sanción que importe para quien le dé la gana no hacerles caso.
Después de escuchar a una docena de expertos abogados, nos queda claro que no hay nada claro, y que para no errarle es mejor hacerle caso a la jueza, y luego buscar cada quién su amparo correspondiente.
Es muy similar a lo que sucede en la guerra de telecomunicaciones que tiene enfrentada a la selección Telcel/Telmex contra el resto del mundo.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes arguye en Fórmula Financiera que su dependencia ha gestionado todas las disposiciones pertinentes para atender los reclamos y necesidades del ramo; pero ninguna puede entrar en vigor porque las empresas interponen sus respectivos amparos, y mientras no se desahoguen…
Aunque duela: sus verdades
Después de días de aplauso unánime de algunos, y mesurado de otros. Surge la primera crítica seria a Presunto culpable en Letras Libres online. Su argumento más sólido es que la película debió ser sobre la verdadera víctima: o sea el muerto en el homicidio de que culparon al presunto culpable. Señor crítico, si la película hubiera sido así, se llamaría presunto cadáver, y podría hablar de muchos otros temas, y no del terrible juicio al joven que fue endosado con el crimen.
A algunos detractores les basta apuntar que la película no es lo suficientemente objetiva. Que quisieran escuchar otras voces y versiones, las declaraciones completas, etc. Señores: la película puede poner en tela de juicio los entretelones del poder judicial mexicano, pero no puede suplantar el juicio mismo. Sabemos que algunos medios han adoptado el juicio mediático como una alternativa a algunos procedimientos legales, pero de ahí al juicio cinematográfico.
El género documental, como cualquier tipo de cine, también cuenta una historia, o sea una versión de los hechos, la que quiere narrar el director, sea parcial, incorrecta o hasta francamente manipuladora (recordemos Fraude de Mandoki). Nadie dijo que los documentales debían ser “objetivos”, ni siquiera National Geographic.
Digan lo que quieran sobre sus asegunes, si algo queda claro, es que Presunto culpable puso los reflectores (y las cámaras) en el lugar correcto. Si ahora se empieza a hablar de la gran reforma judicial necesaria, se habrá dado un paso indispensable no sólo para una justicia más digna para los mexicanos (y franceses) en el territorio, sino para las empresas de telecomunicaciones, sus clientes cautivos, los espectadores de cine y hasta alguno que otro cantante.
Para El Economista – Arte, ideas y gente – miércoles 9 de marzo del 2011
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