El doce de abril pasado, Freddy Gray, de 25 años, caminaba por una calle de Baltimore (en Maryland, EU), cuando la policía lo detuvo. El reporte policial señala que Gray fue detenido porque “huyó sin provocación cuando pasaba la patrulla”. El joven llevaba encima un cuchillo y fue arrestado. El reporte indicó que “fue arrestado sin fuerza o incidente alguno”. Sin embargo, durante el traslado hasta “la delegación” Gray sufrió una emergencia médica y murió. Aparentemente Gray fue sometido con más rigor del reportado, no pudo respirar y pidió auxilio a los policías, que no le hicieron caso. Seis policías fueron suspendidos mientras se investigaban los sucesos.

A pesar de que la alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rawlins-Blake y el jefe de policía son ambos de raza negra, hay en la población afroamericana de la ciudad la percepción de que la policía sigue actuando con una política no escrita de prejuicios raciales. La situación social en Baltimore era ya casi crítica antes de Gray. Es una de las ciudades de EU que aparecen en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo según la clasificación elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización mexicana que compila una muy mentada lista anual basada en el índice de homicidios per capita.

La muerte de Gray se recibió con descontento tal que remitía a los sucesos de Ferguson del año pasado. Los elementos comunes raciales, el aparente abuso policial, el dolor de la familia de la víctima, fueron abrazados por la comunidad con algo cercano a la ira. De pronto pareciera que los EU de Obama están continuamente a un paso de revivir la crisis de los derechos civiles de 1968.

El domingo pasado fue el funeral de Gray y se anunció una marcha de protesta en la ciudad. La alcaldesa declaró a los medios que daría espacio a los descontentos, “y también a aquellos que quieran destruir”. Su estilo de tolerancia excesiva remitió de inmediato al alcalde neoyorkino Dinkins, que en 1991 decidió retirar a la policía y dejar que los manifestantes “se desahogaran un poco”. El resultado en Nueva York fue una ola de disturbios, saqueos y violencia que se volvió un caso de estudio en el país.

El lunes la policía de Baltimore anunció que tenían una amenaza creíble de que las pandillas legendarias de la ciudad: los bloods, los crips y la familia de la guerrilla negra, habían hecho un pacto junto con organizaciones musulmanas para salir a matar policías blancos. La noticia la reportaron los medios como si fuera un hecho. Mientras algunas organizaciones civiles trataban de armar vayas para probar que su protesta sería pacífica, la multitud se salió de control y la ciudad se vio envuelta en un levantamiento violento que terminó con 20 policías heridos, 200 arrestos, 140 automóviles  y quince edificios en llamas. Un herido crítico y…un toque de queda.

La alcaldesa que según los medios “dio permiso de amotinarse a la multitud”, quiso corregir, aduciendo que su declaración era para manifestantes pacíficos y no para maleantes. El gobernador se vio obligado a intervenir y llamar a la guardia nacional (el ejército de EU no interviene en problemas domésticos). La hermana de Gray pidió que pararan la violencia, mientras personalidades religiosas locales abogaban por la calma. Poco después el jefe del cabildo municipal salió a conferencia de prensa a disculparse por llamar maleantes a los saqueadores, recurriendo a la corrección política para llamarlos “jóvenes confundidos”. Lo acompañaban miembros de las citadas pandillas locales para desacreditar el rumor que manejó la policía y argumentar que sus pandillas colaboraron con la paz protegiendo comercios de la multitud.

El caso de Baltimore ilustra las delgadas líneas que existen entre la justicia social, la indignación popular, la manifestación pacífica, la protesta airada, los disturbios y la violencia. Si el caldo de cultivo es una sociedad desigual, con alta criminalidad, percepción de impunidad policíaca y ambivalencia en la política pública entre la ley y la tolerancia irrestricta, queda claro que las cosas se saldrán de control fácilmente.

No tenemos que irnos tan lejos. Pensemos en Guerrero el año pasado, y las protestas por el caso Ayotzinapa. ¿Sorprende que Acapulco ocupe el lugar número tres en la lista de ciudades más violentas? El contexto que se vive en algunas partes de nuestro país no es muy distinto a los elementos que confluyeron en Baltimore, particularmente si añadimos al narco en la ecuación y la terrible percepción ciudadana de que por un lado está “la autoridad” y por otra sus víctimas que suponen al resto de la sociedad. Simplificaciones que suelen caldear los ánimos y dar ese empujoncito que lleva una legítima y justificada manifestación pacífica de rechazo, al caos y la violencia.

Twitter @rgarciamainou

Para El Economista, Arte Ideas y Gente del miércoles 29 de abril del 2015