Lo que alguna vez fue premisa fundacional del whodunit, la novela policíaca clásica a la Agatha Christie o Dorothy Sayers, se ha vuelto el leitmotiv de la clase política y la sociedad mexicana. El chiste es apuntar el dedo (apuradamente) hacia otro lado. Que alguien más cargue con el muertito. Una estrategia con humor involuntario implícito, si es que a alguno le quedan ganas de reír.

Algunos elementos de lo sucedido son más claros que otros: Estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un municipio de Guerrero, tomaron el 26 de septiembre un autobús a Iguala por razones que ellos y sus líderes sabrán (un sobreviviente dice que se acercaron para apoyar a compañeros y pacificar el ambiente porque les dijeron que alguien estaba disparando). En fin, ahí desaparecieron 43, se presume que a cargo de criminales con uniforme policíaco local (su trabajo de día), bajo las órdenes del presidente municipal de Iguala y su lady Macbeth que estaba muy molesta porque iban a boicotear su informe del DIF.

La denuncia por la desaparición caldeó los ánimos en uno de los Estados con ánimos más caldeados del país. El edil se da la fuga casi al mismo tiempo en que se presume que trabajaba a las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos (que de acuerdo al procurador Murillo Karam es heredero del cártel de los Beltrán Leyva).

Se busca a los desaparecidos y se encuentran fosas llenas de cadáveres. Alguien en el gobierno estatal asegura que hizo pruebas de ADN y que no se trata de los normalistas. Imposible saber si la declaración es para tranquilizar o alebrestar a los que protestan, porque pudo pensarse que conseguiría lo primero cuando resultó lo segundo. El Gobierno Federal ordena nuevos análisis a cargo de científicos argentinos.

La existencia de las fosas causa un escándalo internacional. Una turba enardecida quema el palacio de gobierno en Chilpancingo, en anticipo a la prudente pero impostergable licencia que pide el mandatario estatal a su congreso a guisa de renuncia.

Los familiares y el grueso de los que protestan exigen la aparición de los desaparecidos: Los quieren vivos, los quieren ya. La opinión pública internacional además de exigir una explicación sobre los estudiantes, quiere saber entonces a quién encontraron en las múltiples fosas. El conteo de muertos anónimos que privó el sexenio pasado no se sostiene ante a la mirada de los medios mundiales.

¿Quién es culpable?

Una opinión fértil en redes sociales y entre algunos intelectuales está en culpar al estado mexicano de todo el suceso. Las simplificaciones siempre ayudan en los discursos y frases enardecidas. Por un lado el pueblo victimado por otro la violencia del “Estado” (todas las instancias de gobierno en el mismo costal). Aquí el tema no es si el edil era criminal, si el gobernador de su partido lo sabía, si el gobierno federal lo sabía o sospechaba. Más de uno señala la crisis de ingobernabilidad, no en el municipio, ni en Iguala, ni en Guerrero sino en todo el país. Otros claman porque los ciudadanos tomen las armas. Todo muy sensato.

En el extranjero, la etiqueta no va para Ayotzinapa, ni Iguala, ni Guerrero, ni siquiera para sus funcionarios o los posibles corresponsables morales en el gobierno federal. Va para todo el país. México es el lugar problemático. El viernes pasado, un editorial de la Deutsche Welle: “La consecuencia desastrosa de todo esto es la pérdida de cualquier tipo de autoridad estatal. Los mexicanos no confían en su gobierno. Perdieron la paciencia y no distinguen entre el presidente municipal y el presidente de la república”.

Aprovechando la calma y la atmósfera de sensatez, algunos se apuntan para señalar que el partido que gobernaba Guerrero era el PRD. Otros, que los políticos que gobernaban en Guerrero con bandera del PRD eran priístas que cambiaron de color por puro pragmatismo. Algunos señalan que AMLO le dio el visto bueno al edil de Iguala y exhiben una foto del expresidente legítimo con Abarca y señora enfundados en playeras amarillas con su acrónimo. La falacia de la foto comprometedora que fue recurso del tabasqueño en el primer debate presidencial del 2012 se vuelve en su contra; especialmente porque hace declaraciones como “nunca jamás vi al edil de Iguala”.

El gobierno federal, a la vieja usanza priísta, decide que es el momento para que desarrollo social anuncie un programa de apoyo para eliminar la pobreza en Guerrero. El procurador, que todavía se daba palmadas por la detención de capos, se ve obligado a dar explicaciones, excusas y de alguna manera intervenir.

Algunos apuntan también al PAN, que ni pinta en Guerrero, pero gobernó al país por doce años y pasó de la omisión e inacción a patear el avispero. “Por pasar de no saber gobernar a ser una oposición complaciente” (sentencia sinembargo.mx en su editorial).

Para muchos, la irritación, descontento y sensibilidad contra los mensajes políticos definen el momento más adecuado para un corte de caja y señalar que el país no avanza, que la política económica es incorrecta, que el caso ABC, que el 68 no se olvida y todo está mal y más que mal.

Sólo hay una manera para enfriar las cosas, y no es una medida política ni discurso o reunión con padres dolidos. El gobierno federal y sus instancias de investigación deben resolver el tema de los 43 desaparecidos, sea rescatándolos de donde los tengan, como todavía piensan algunos con casi ingenuidad; o encontrando y entregando sus cuerpos como estén a las familias, sin olvidar atrapar a los responsables materiales.

Esto se debe hacer con urgencia, de forma transparente, profesional y contundente, de preferencia con ayuda u observación internacional. No todos los problemas del país se pueden enfrentar y discutir como si fuera un combo político que merece una solución mágica o de hartazgo violento. Para señalar responsables morales siempre hay tiempo.

Twitter @rgarciamainou

Para El Economista, Arte Ideas y Gente del miércoles 29 de octubre del 2014