Quizá el mayor logro del gobierno federal en materia de seguridad pública se había dado en el ámbito de la agenda mediática. Mientras en el sexenio anterior el foco permanente en la guerra declarada al crimen organizado llevaba a los medios a llevar un reporte cotidiano de violencia, incluido conteo de muertos y desaparecidos; el gobierno de Peña Nieto consiguió que la discusión girara en torno a las reformas, incluyendo las objeciones justificadas o no que provocaban las mismas.

La falta de la nota roja del “frente de guerra” en los encabezados puede haber generado la percepción  equivocada de que las cosas iban mejorando, que lo peor de la crisis de inseguridad había pasado y la realidad se doblaba dúctil y obediente a la voluntad de la agenda gubernamental.

Sin embargo, estudios recientes, como el ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad) realizado por el INEGI nos dicen algo muy distinto. Primero, que la percepción ciudadana de inseguridad es prácticamente idéntica al 2011 y ronda el 70% de la población. No importa que en estos tres años, la crisis de seguridad y homicidios en ciertos Estados transitara a otros: de Chihuahua, Durango y Nuevo León pasaran a Michoacán y más recientemente a otros, incluido por supuesto, Guerrero.

El análisis de Eugenio Weigend en el blog de Nexos (Del narcotráfico al secuestro), retoma desde la correlación estadística cómo la percepción ha migrado del homicidio visto como la razón principal de la inseguridad, al florecimiento de un número inquietante de otros crímenes contra la población civil. Preocupante por partida doble, primero porque durante la “guerra”, el número elevado de víctimas se ligaba a los enfrentamientos entre grupos delictivos en luchas internas por el poder, y a estos frente a las fuerzas armadas. Situación que siempre se argumentaba como transitoria y, por lo menos desde el poder, como “necesaria” para resolver un problema de seguridad pública aún mayor.

Lo de “necesario” puede ser más que debatible, si nos atenemos a lo argumentado en más de una ocasión por expertos en seguridad pública, pero materia de otra discusión. Si la percepción de inseguridad no ha cambiado y en cambio ha transitado de “enfrentamientos” con la fuerza pública a la victimización directa de los ciudadanos, el segundo caso es mucho más preocupante, porque no sólo nos habla de dispersión del crimen en la sociedad, sino del florecimiento de la impunidad y de una amenaza más difusa y permanente.

Weigend encuentra una vinculación entre el aumento de secuestros en los Estados de Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Morelos para sumarlos, junto a Tabasco a los que se perciben como más inseguros.

Si frente a la impunidad de los grupos delictivos los ciudadanos sienten impotencia e indefensión, cuando la responsable de la violencia es presumiblemente la fuerza pública, la reacción es muy distinta.

No cabe duda que la preocupación por los normalistas desaparecidos en Guerrero ha ido captando no sólo la agenda mediática sino la atención de buenos sectores de la población mexicana. La indignación por la forma en que se ha manejado el tema, ha invadido las redes sociales.

Uno de los grandes aciertos del movimiento surgido de las familias y compañeros de los desaparecidos fue el rápidamente hacerlos visibles, no sólo dándoles nombre sino sustancia e historia al relatar quién era cada uno y qué estaba haciendo hasta su desaparición. Esto ha provocado un efecto doble: evitar que el discurso oficial etiquetara a las víctimas como elementos criminales para que su desaparición saliera del ámbito político y de derechos humanos y se convirtiera en un reporte más de enfrentamientos entre el crimen organizado. El otro, fue generar en el resto de la población no sólo empatía sino franco repudio contra las autoridades supuestamente responsables y la manera en que se ha atendido la queja de las familias.

Ayer, la protesta llevó al lamentable incendio del palacio de gobierno del Estado. Suceso que mereció la primera plana de los diarios, catapultando el caso de desaparición en un tema que ya no puede ser soslayado por el gobierno federal. Especialmente con la recepción que ha tenido en las redes sociales.

Basta un ejemplo: en Facebook, al reporte dado por MVS Noticias del incendio del edificio público lo siguió, en pocas horas, miles de respuestas de “me gusta” (que a estas horas rebasa los quince mil). Una lectura a los comentarios de los usuarios puede parecer familiar a quién lee los foros de opinión en los periódicos: violencia verbal, faltas ortográficas, repetidos llamados al levantamiento popular, a fusilar y quemar a los políticos, al congreso y al gobierno federal.

Una diferencia fundamental que no puede pasarse por alto: Facebook no es anónimo. Los usuarios que manifiestan su descontento y llaman a la “nueva revolución” entre otros reclamos más específicos y sangrientos, son usuarios con nombre y apellido, con perfiles llenos de fotos de sus familias, lugares de origen y las trivialidades de rigor. No son como aquellos que se envalentonan detrás del supuesto anonimato que ofrece internet.

Más aún, las pocas voces que llamaban a la calma, que recurrían al universalmente aceptado lugar común de “la violencia genera más violencia”, son virulentamente callados por usuarios que rebasan con mucho la etiqueta del “troll” típico. El descontento social, esta vez, no corresponde sólo al rijoso ámbito magisterial, ni a la región de Guerrero, ni a su gobierno local; se ha sumado a la inquietud y percepción de inseguridad y se percibe como un polvorín peligroso que las instituciones públicas deben tomar en serio, si no quieren que las cosas se les sigan yendo de las manos.

Twitter @rgarciamainou

Para El Economista, Arte Ideas y Gente del miércoles 15 de octubre del 2014