En pleno día del periodismo o la libertad de expresión, reporta el New York Times sobre el juicio que entabló la actriz Sienna Miller contra el periódico News of the World en Londres. El procedimiento legal se dio, debido a que el diario hackeó a mediados de la década del 2000, el teléfono celular de la actriz para interceptar sus mensajes de texto y utilizar la información para publicar artículos sobre su vida privada.
Durante el juicio que terminó con un pago negociado a Miller de cien mil libras por costos legales, daños por 164 mil dólares y una disculpa pública; se ilustró la práctica continuada del diario de hackear los teléfonos de figuras públicas, políticos y celebridades en busca de la llamada “nota”.
El drama incluye múltiples demandas, algunas “arregladas” fuera de la corte, y otras que llevaron a su editor para la realeza y a un detective privado a la cárcel en 2007; y a otros más en procesos similares, conforme se fueron revelando los nombres de las víctimas de la intrusión de la privacidad.
Al leer sobre el juicio no puede uno dejar de pensar en las grabaciones ilegales que en determinados momentos, casi siempre electorales, casi siempre políticamente “oportunos”, han sido filtradas en México. Grabaciones utilizadas para ventanear a algún gobernador, funcionario del IMSS o Secretario de Estado. Grabaciones no serían mayormente memorables si no fuera porque nuestros medios les hicieron eco, refrendando de facto la violación a la privacidad y los derechos fundamentales de los dueños de las voces ahí registradas.
Después, no faltaron los politólogos que se frotaban las manos, apuntando sus afiladas lenguas a la Presidencia de la República o a SEGOB, como si el juego político se hubiera puesto sabroso con la intervención del gobierno y el origen de las filtraciones fuera obvio.
Un vacío elemental en la legislación de medios permite que filtraciones como esas, así como de las llamadas fuentes anónimas, sean repetidamente utilizadas para atrapar “la nota”. El medio en turno, alegre con su exclusiva, la saca a la luz, dejando para después investigar ya no digamos la información filtrada, sino la agenda de quien lo filtró y los manipula tan fácilmente. No hay responsabilidad legal al medio por hacerlo, fuera de la vetusta denuncia por difamación que nunca llegaría a los términos en que llegó el juicio de la Miller en Inglaterra.
Fenómeno similar, en otro ámbito, se da en la reciente detención del cuestionado y polémico político Hank Rhon en Tijuana. Ejemplo de lo que sucede cuando el ejército se convierte en policía y lo hace al margen de la ley. Mientras nuestros queridos diputados siguen posponiendo la mentada ley de seguridad nacional, donde por lo menos se le da marco jurídico a la participación del ejército en esas labores.
Déjenme ser claro: me importa poco si al señor Hank le encontraron casi un centenar de armas o no. No estoy pronunciándome por su inocencia o culpabilidad. Ese es tema fuera de mi competencia o interés en estos momentos. Lo relevante está en la narración de las propias autoridades: el ejército recibe una denuncia anónima, que los lleva hasta el Hotel Palacio. En las inmediaciones del cual se encuentran tres personas armadas, que al ser interrogadas señalan que en tal domicilio de la colonia Hipódromo “se oculta armamento”. Al presentarse en ese domicilio encuentran personas armadas en el exterior que al ver al ejército se refugian dentro de la casa. En palabras de la SEDENA “ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo”. Así, los soldados ingresan a la casa donde, vaya coincidencia, Hank Rhon, su esposa y sus hijos se encontraban presumiblemente en brazos de Morfeo. Se les despierta y Hank es detenido.
El lunes, Joaquín López Dóriga entrevistó en su programa radiofónico, tanto al vocero de Seguridad Nacional (Monsieur Poiré) y a la señora Hank. Esta última relató su versión de los hechos: un recuento estudiado y detallado de cómo “unidades militares” entraron en su casa y su familia fue aterrorizada.
¿Tiene el ejército la facultad policial de alegar persecución en flagrancia para realizar un operativo así, sin orden de cateo o aprensión? ¿Aplicaba en este caso? ¿A eso se le llama en México debido proceso? ¿Basta con que hayan presuntamente encontrado las armas para justificar sus acciones? Si Hank vivía en el margen de la legalidad desde hacía tiempo, como se alega en los medios, y nunca se le persiguió, ahora ¿el fin justifica los medios?
Nuevamente algunos analistas políticos, y más irresponsablemente un periódico nacional, se frotan las manos y especulan sobre el “golpe que dio Calderón al PRI”. El PRI por su parte, se desmarca y finge demencia con tal de no pronunciarse y hacer eco al suceso.
“Se va calentando la elección”, se dijo anoche en Es la hora de opinar, mientras se especulaba (para disgusto de Héctor Aguilar Camín) si el Presidente del “haiga sido como haiga sido” empezaría así su estrategia para evitar que el PRI regrese a Los Pinos.
Para añadir leña al argumento, la policía federal irrumpe en el Centro de Derechos Humanos del Norte, una ONG que coordina en Ciudad Juárez la llamada “Caravana del Consuelo”, la nueva marcha de Javier Sicilia. La policía alega que iba siguiendo a un “narcomenudista” que se refugió en el edificio. Después se reporta que la SEGOB se comunica con Sicilia para “disculparse por el malentendido”.
El tema no es de persecución de criminales, de impunidad o de justicia. El tema son nuestros derechos fundamentales, y los requisitos mínimos que deben seguir las instituciones judiciales para brincárselos y hacer su trabajo. Lo demás es convertir el debido proceso en un formalismo prescindible y abrirle la puerta a un Estado Policial. Y eso es más preocupante que lo que diga cualquier grabación, lo que encuentren bajo la cama de Hank, o la captura del prófugo en turno.
twitter @rgarciamainou
Para El Economista, Arte, ideas y gente del miércoles 8 de junio del 2011