La semana pasada, un aprendiz de fotógrafo del Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial de esa ciudad. Los sicarios actuaron en pleno día, mientras el joven y un compañero se detenían para buscar algo de comer. El compañero también fue herido de gravedad.
El domingo, El Diario publicó su editorial dirigido a las organizaciones del crimen organizado, que son (en palabras del periódico) el poder fáctico en la ciudad. El texto titulado ¿Qué quieren de nosotros? señala que ante la imposibilidad de las autoridades federales o locales por proteger al personal del periódico, éste se somete a la autoridad de estos grupos para que les hagan saber qué hacer y qué no hacer con tal de que no atenten más contra las vidas de su personal.
La primera pregunta que viene a la mente, es ¿de quién espera el periódico recibir una respuesta?
Parecería ingenuo, absurdo o por lo menos muy desesperado, considerar que grupos como La Línea, harán llegar al Diario una suerte de manual de estilo que señale, apropiadamente, la nueva línea editorial a seguir.
En un artículo, León Krauze señalaba que en un viaje reciente a Durango, le había sorprendido que la gente local hablara, decepcionada, de que el narco no les había cumplido sus promesas de paz y prosperidad para la región. Hacían referencia a los delincuentes como si fueran funcionarios electos y tuvieran promesas de campaña que cumplir.
Una óptica similar parece trasminarse del editorial del Diario de Juárez, y parte de una de las falacias con que los mexicanos solemos referirnos al poder. O más bien a quién ocupa la posición de poder en la comunidad o la sociedad.
Asumimos que si tienen una posición de poder, es porque se la ganaron. Y no importa si fue por la buena o la mala, esa posición de poder implica que quien la ostenta tiene claro qué quiere hacer con ese poder, y que por lo tanto tendrá ciertas políticas operativas frente a las cuales es posible alinearse, o diciéndolo en términos más pedestres: manera de llevarla por la buena.
El problema es que ni los caciques políticos, ni mucho menos la organización criminal en turno, tiene políticas operativas, o “reglas” como argumenta el texto publicado por el Diario, nostálgico de convenciones como la de Ginebra. La única regla del poder suele ser seguir haciéndose gala como tal, y de ahí lo demás está sujeto a flexibilidad.
Es la misma falacia que hace a un sector de la sociedad mexicana pensar que dejar en paz al narco borraría la violencia del mapa, que ceder el territorio y el control a los grupos armados es la mejor manera de llevarla por la buena. Como si el gobierno fuera el origen de los problemas sólo por pretender que se cumpla la ley del país.
En la guerra contra el crimen organizado, como en la guerra estadounidense contra el terrorismo, no aplican las convenciones militares que supuestamente fungían en conflictos internacionales. No hay encuentros con los contrincantes para establecer bandera blanca para la prensa y los paramédicos. No hay intercambio de prisioneros de guerra, ni se negocian pactos de rendición.
En un escenario donde una ciudad la disputan varios grupos del crimen organizado entre sí, y con el Gobierno Federal como oposición (ni siquiera entraremos a la pantomima del gobierno local), ¿quién va a decirle a estos periodistas desesperados cómo hacerle para siempre quedar bien?
Si se pretendía enviar un mensaje al Gobierno Federal para causar polémica y conminarlo a establecer algún mecanismo que proteja a los periodistas, la estrategia parece cuando menos cuestionable. Y es que la primera reacción del vocero Poiré fue condenar el intento de pacto o negociación con el crimen organizado.
Hay en esta respuesta una miopía voluntaria por parte del funcionario. Pues es evidente que resulta imposible pactar con varios grupos delincuenciales en conflicto, y que fuera de dedicar el periódico completo a dar chismes del mundo del espectáculo, para un medio de comunicación con mínimas aspiraciones periodísticas, ese no es el camino.
Y es que si el gobierno no puede, en estos momentos, garantizar la seguridad de la población civil, en ciertas áreas del país. ¿Qué hace pensar que conseguiría garantizar la seguridad de los periodistas?
Ya sea porque está rebasado por las circunstancias, porque no existe el marco legal, y nuestro mezquino Congreso no será capaz de crearlo. Ya sea porque estructuralmente, con la ineptitud y corrupción de los sistemas municipales y estatales de justicia, es imposible actuar de otra manera. Lo que en verdad urge, es que los medios, la mayoría de ellos, los que tengan interés y voluntad, se unan en un pacto como el que se operó en Colombia, y del que tanto habló recientemente Federico Reyes Heroles. Es la única respuesta posible al grito desesperado lanzado por el Diario de Juárez.
Para El Economista – Arte, ideas y gente – miércoles 22 de septiembre del 2010