La semana pasada, toda conversación giraba alrededor de las charlas que el presidente Calderón sostuvo con diferentes personajes, políticos, académicos y religiosos a propósito de discutir la llamada guerra contra el crimen organizado.

Puesta en el debate el primer día, y aceptada marginalmente por Calderón, la idea de discutir la posibilidad de legalizar la producción, distribución y consumo de drogas. Una legalización que fue incluso abordada de facto, por Jesús Ortega, dirigente del PRD, en uno de los discursos más desafortunados de que se tenga memoria.

Los académicos e investigadores criticaron y propusieron. Los religiosos se lavaron las manos. Los jueces pensaban que los habían invitado a cenar. Los políticos pintaron su raya y demostraron que dominan un catálogo de lugares comunes deslumbrante. Y finalmente los gobernadores, temerosos de ser arrastrados al ruedo público de la corresponsabilidad, arguyeron (como suelen) que les falta presupuesto.

El argumento por la legalización sostiene que si California legalizará (todo lo parece), México no se puede quedar atrás. La lógica dice que la procuración de justicia se ahorrará mucho trabajo (ya no hay que perseguir los delitos contra la salud de este tipo). El gobierno se hinchará de cobrar impuestos por cajetillas de mota. Las drogas duras se podrán controlar vía recetas médicas. Los campesinos que cultivan droga a escondidas podrán pedir subvenciones a Procampo. Los dealers pasarán a registrarse como Pequeños Contribuyentes, y la estructura del Narco, desbordada por la competencia (no faltará una paraestatal que produzca mota para los que no tienen con qué comprarla), cerrará sus puertas y se irá a atormentar algún país menos progresista.

Diversos artículos contradijeron estas tesis de conclusiones por demás desmesuradas. Al final, dicha legalización no se ha probado en ningún país del mundo (aunque proteste el señor Ortega con su de facto), no se ha usado como estrategia para combatir secuestros, levantones, extorsión, piratería, prostitución o tráfico humano. Y si acaso, frente a estos males, sólo nos serviría el pasón, ahora legal.

Muchas de las posturas opuestas a la estrategia del gobierno son producto de una oposición política más acostumbrada a llevar la contra que a decir cómo y por qué se debería actuar de manera distinta. Con el peso intelectual de desacreditar lo que se está haciendo porque no está funcionando, y después sugerir que se debería hacer otra cosa. Vaya genialidad.

La solución es legalizar, se dice y ahora se matiza: pero para el problema de las drogas, no para la violencia. Olvidando que la principal preocupación de los mexicanos es precisamente la violencia y no si el vecino se las truena constitucionalmente. El asunto de legalizar las drogas, de pronto se escapa del ámbito de salud pública donde debería discutirse y se quiere proyectar a los de Economía, Hacienda y Procuración de Justicia. ¿Si se legaliza la mariguana para efectos medicinales, el PRI estará en contra de que se cobre IVA en su venta?

Lo más curioso es que del debate sobre legalizar la droga se pasó, sin tomar aire, al debate para legalizar los matrimonios homosexuales y el derecho de estos últimos a la adopción. El timing no podía ser más oportuno. La demanda de la PGR que acusaba al Gobierno del Distrito Federal de haber aprobado una medida anticonstitucional, llegó a discusión a la Suprema Corte de Justicia, justo a tiempo para despertar lo peor del oscurantismo que los mexicanos llevamos dentro.

Desde un Cardenal diciendo que la Suprema Corte fue comprada por el Jefe de Gobierno del DF, hasta un vocero de la arquidiócesis que dijo que la resolución de la Corte es peor que el crimen organizado y la narcoviolencia.

Un aplauso (de pie) para el tribunal máximo del país, que si una cosa ha dejado claro es que no se somete a la presión (política, mediática o religiosa) de nadie. Ni a las amenazas de la destrucción de la familia mexicana, ni a las llorosas e ignorantes declaraciones de un abogado cristiano que se rompía las vestiduras en Televisa por el fascismo del PRD y la integridad psicológica de esos niños que serían traumatizados al sacárseles de un orfanato para vivir en un hogar con dos padres (o madres) que les ofrecen no sólo amor sino la posibilidad de tener precisamente una familia.

Vivimos en un país donde se habla con entusiasmo de legalizar las drogas y con horror de legalizar el matrimonio de dos ciudadanos con preferencia sexual distinta. Vivimos en un país donde se afirma que sería buena idea que se despenalizara el comercio de droga, pero se encarcela por décadas a mujeres por tener abortos espontáneos. Vivimos en un país donde las élites políticas saben que es más barato descalificar que proponer, preferible señalar acusadoramente a asumir el riesgo de la responsabilidad compartida.

Pero no hay que desanimarse. También vivimos en un país donde uno de los Ministros de la Suprema Corte dice el amor no tiene nada que ver con la orientación sexual. Todavía hay esperanza.

Y si no, siempre nos queda legalizar las drogas.

Para El Economista – Arte, ideas y gente, miércoles 18 de agosto del 2010